El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su satisfacción por el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que actualiza la terminología desterrando la palabra disminuidos y establece un nuevo artículo más amplio e integral que cristaliza la visión de derechos humanos.
Así lo ha hecho en un acto que ha tenido lugar este jueves en el Palacio de la Moncloa y al que ha acudido una delegación del CERMI.
De esta manera, la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha expresado la emoción que supone para el Gobierno y los grupos parlamentarios una modificación del marco constitucional que “deja de denominar de manera ofensiva a casi cuatro millones de compatriotas”.
Asimismo, ha puesto de manifiesto la importancia de la misma ya que no solo hace que desaparezca este término, sino que hace que se considere que “las personas con discapacidad gozan de los mismos libertades y derechos” y que, además, “incluye una perspectiva de género”
Durante el acto, también ha participado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha asegurado que “este acto supone un momento de solemnidad y emotividad para la discapacidad”. Asimismo, ha alabado la democracia española y la ha calificado como “una de las mejores del mundo puesto que cuenta con un ordenamiento jurídico de los más garantistas”. “La dimensión social es la que definirá las democracias más avanzadas y solo se conseguirá la paz social cuando haya una gran dimensión social en la que haya inclusión y donde nadie quede atrás”, ha asegurado.
En este sentido, Cayo ha confiado en que esta reforma sirva como precursora para abrir la puerta a una reforma constitucional que eleve los derechos sociales a categoría de fundamentales.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que para hacer efectiva la igualdad, no solo basta con el comportamiento individual, sino que las instituciones públicas deben tener un papel activo para conseguirlo. De la misma manera, ha defendido la importancia de atender las demandas de las personas con discapacidad ya que, a su juicio, “no es solo una recomendación de justicia social, sino que supone ser conscientes de nuestra realidad diversa para atenderla bajo un proyecto de cohesión social”.
Por último, se ha comprometido a permanecer atento a las demandas y necesidades sociales para actuar al máximo nivel normativo y avanzar “en la protección social”.