Alicante, 25 noviembre 2022.- Con motivo del 25 Aniversario del CERMI, y bajo el paraguas del próximo Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el CERMI Estatal y el CERMI Comunidad Valenciana han organizado el primer Congreso Nacional de Políticas Públicas de Discapacidad. En él han presentado la Declaración de Alicante, bases para una política pública exigente de discapacidad, un decálogo de orientaciones dirigido a consolidar un modelo de políticas públicas de discapacidad robustas, sostenidas y transformadoras en la esfera europea, nacional y territorial.
La presentación de la Declaración de Alicante ha corrido a cargo del presidente del CERMI CV, Luis Vañó Gisbert, quien ha manifestado que “solamente con políticas públicas adecuadas en todos los ámbitos, europeo, estatal, autonómico y local, podrá acelerarse el proceso de inclusión de las personas con discapacidad”.
Desarrollada a través de diez epígrafes, la Declaración se posiciona como un documento imprescindible para analizar la situación de las políticas públicas dirigidas a la inclusión, derechos y bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias.
Como primer punto, la Declaración establece “políticas que sigan el mandato de la Convención de la ONU de Discapacidad” como el instrumento jurídico que reconoce a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y, por lo tanto, el único marco de referencia para concebir políticas públicas de una forma “exigente y respetuosa”. En este contexto, la Declaración establece como imperativo “la modificación del artículo 49 de la Constitución Española, para adecuar nuestra Carta Magna a un nuevo constitucionalismo social del siglo XXI”.
El segundo punto de la Declaración de Alicante se centra en el desarrollo de “políticas innovadoras que contribuyen a la transformación social” para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y de las personas con discapacidad, en particular.
“Políticas participadas por las personas y los grupos” es el tercer tema que aborda el documento y que hace referencia a que las políticas públicas de discapacidad se creen conjuntamente a partir de “una alianza vigorosa y sostenida en el tiempo con el sector social de la discapacidad”.
El siguiente punto pone el foco en “las políticas que permitan pasar de los derechos a los hechos” y garanticen el cumplimiento real y efectivo de los mandatos legales complementado con la exigencia de mecanismos de participación en la vigilancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de discapacidad”.
En quinto lugar, toma protagonismo “las políticas construidas desde la transparencia” como elemento indispensable para asegurar la calidad democrática de la gestión pública.
Destaca también el enfoque de género (punto sexto) bajo la petición de políticas que combatan el enfoque neutro de género en las políticas de discapacidad.
En el séptimo punto se considera imprescindible contar con indicadores y métricas para “construir políticas públicas certeras y transformadoras”.
El octavo punto propone “políticas públicas objetivo de control judicial” en el que se subraya “la responsabilidad inexcusable en la protección de las personas con discapacidad” de los operadores jurídicos.
El penúltimo punto hace referencia a “las políticas con un nivel de gasto público adecuado, socialmente útil” en el que, según reza el texto, “deben priorizarse claramente las inversiones que transformen los entornos para hacerlos realmente inclusivos”.
El último punto del decálogo aborda “las políticas europeas” en el que se establece que “las políticas públicas de discapacidad deben servir como base para la construcción de una Europa Social, la Europa de las personas”.
Puedes descargar aquí la Declaración completa.
